Por: Maylen Paz Treto


Ese 6 de agosto de 1960 el pueblo cubano estaba pletórico de júbilo. La mayor emoción la vivieron los habaneros en representación de toda Cuba al ser partícipes del discurso pronunciado por nuestro comandante en el acto de clausura del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes.

Momentos memorables fueron dos hechos que se relacionaron con este discurso. El primero, el que Fidel, debido al fervor que siempre acompañaba sus grandes dotes como orador, perdió la voz por un rato, y el segundo, las palomas que se posaron en el podio cuando hablaba al pueblo.

Lejos de ser motivo de burla, el primer suceso conmocionó a todo el país, habló de la pasión y la emoción que lo movían en un momento como este. Y el segundo para los creyentes y no creyentes fue una clara señal de que la Revolución nació acompañada de ideales puros y de la paz por sobre todas las cosas.

Un momento como este ameritaba el simbólico acontecimiento. Fidel anunciaba la nacionalización de 36 centrales azucareros y de las Compañías de Teléfono y Electricidad, de propiedad norteamericana. Este era el primer paso que daba Cuba Rumbo al Socialismo.

La Ley No. 851, del 6 de julio de 1960 fue leída íntegramente y sometida a la aprobación de los miles de habaneros que colmaban emocionados, el hoy, Estadio Latinoamericano. El consentimiento se expresaba a través de los eufóricos gritos: “¡Se llamaba, se llamaba!” acompañando a cada uno de los nombres de las empresas monopolizadas.

La medida era en respuesta a la política agresiva de Estados Unidos hacia la naciente Revolución.

Ya las empresas petroleras propietarias de las refinerías, a comienzos de junio de 1960, habían informado que no enviarían más petróleo a Cuba y que prohibirían a sus refinerías en la isla que procesaran el petróleo proveniente de otros mercados. No obstante que la Ley cubana de Minerales y Combustibles vigente desde el 9 de mayo de 1938 establecía la obligatoriedad de esas empresas de procesar el petróleo crudo que el Estado le suministrara.

Además, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ike Eisenhower, solicitó al Congreso norteamericano el poder discrecional para cortar la cuota de importación de azúcar a Cuba lo que se hizo efectivo el 6 de julio de 1960. Así, cancelaron 700 mil toneladas pendientes de la cuota de 1960, privando al gobierno cubano de su principal fuente de ingresos por exportaciones para, como dijese nuestro comandante: «arrasar la economía de nuestro país, rendirnos por hambre y doblegar a nuestro pueblo».

A todo esto se sumó el interés del gobierno revolucionario por contrarrestar los efectos de una política caracterizada por el saqueo y el injerencismo desde épocas remotas.
En Cuba la base de la economía estaba en manos de los interventores estadounidenses y luego los gobernantes serviles a Washington. En sus manos estaban las mejores tierras, la mayoría de los bancos y centrales azucareros, la telefonía, la electricidad y los ferrocarriles, así como las poquísimas industrias no azucareras existentes en la isla.
Las inversiones de los Estados Unidos en Cuba pasaron de 50 millones a 160 millones en 1906 y 1 450 millones de pesos en 1927. Apenas a 6 dólares la hectárea, en un país destruido por la guerra, compraron enormes extensiones de entre 25 000 y 70 000 hectáreas.

Con la huida del dictador Fulgencio Batista la mayoría de los propietarios también emigró. Se fueron pensando que, aunque abandonaran sus propiedades les serían devueltas gracias a la política agresiva que caracterizaba a los Estados Unidos, de ahí que, luego viviéramos sucesos como actos terroristas e invasiones que la CIA ejecutó contra Cuba durante esos años.

En ese entonces, como expresara Fidel: «El derecho a hacer revolución lo impedían no solamente las castas militares, los ejércitos profesionales, las policías políticas represivas; lo impedían no solo el control monopolista de las armas, de la fuerza, sino incluso de los medios espirituales de los pueblos (…)  Lo impedían no solamente el control de los recursos militares, de los recursos intelectuales y de los recursos económicos (…), los recursos de la nación no se repartían con criterios de justicia, la parte de los recursos, es decir, de la renta de la nación que repartían al pueblo, la repartían también en tal forma que, si era posible dividiera a los obreros entre sí (…)».

No solo eran esos factores los que impedían a nuestros pueblos el derecho a hacer una revolución, porque nosotros tenemos una prueba muy elocuente, demasiado elocuente, de que había todavía más trabas para hacer revoluciones; porque nosotros vencimos aquí, al ejército profesional mercenario al servicio de los privilegios nacionales y extranjeros; nosotros logramos vencer al monopolio que esos intereses tenían de los medios de divulgación».

Los primeros pasos para erradicar el mal manejo de los recursos y la desigualdad fue repartir a partes iguales. Para ello se implementó la Ley de Reforma Agraria, firmada el 17 de mayo de 1959, que liquidaba la propiedad latifundista de los monopolios extranjeros.

La Ley Fundamental de la República, promulgada en febrero de 1959, restauró en esencia la Constitución de 1940, suspendida por la dictadura de Fulgencio Batista, e introdujo cambios correspondientes a la nueva situación del país.

Con esta ley se reconoció el derecho de los propietarios afectados a la indemnización, según el valor fijado en el amillaramiento municipal anterior al 10 de octubre de 1958, bonos redimibles denominados "bonos de la Reforma Agraria".

El pago de los bonos los explicó con claridad Fidel en su discurso el propio 6 de agosto de 1960:

«En bonos vencederos en un plazo de 50 años, al 2%, con un fondo...  ¿Con qué vamos a pagar?  Muy bien:  con un fondo que se constituirá con la cuarta parte del valor de lo que nos compren de azúcar por encima de 3 millones de toneladas, es decir que cuando nos compren azúcar por encima de 3 millones, 3 millones y medio o 4 millones, por ejemplo, lo que pasa de 3 millones, con la cuarta parte de lo que pase de 3 millones, siempre que sea a un precio de 5,40 dólares el quintal para arriba, con la cuarta parte del valor —¿ustedes entienden bien?, con la cuarta parte de lo que valga, lo que nos compren de azúcar de 3 millones para arriba, siempre que sea a un precio de 5,40 dólares el quintal, o más, en bonos.  Así que los bonos se pagarán con ese fondo, en 50 años; hay un plazo de 50 años para pagarlo.  Esta es la Ley, la resolución adoptada de acuerdo con la Ley, aprobada por el Consejo de Ministros y que autorizaba al Presidente de la República y al Primer Ministro para adoptar estas medidas, en defensa de nuestra economía.  

Como ustedes saben, ellos nos habían arrebatado cerca de un millón de toneladas de nuestra cuota; azúcar que ya estaba producida de acuerdo con las leyes existentes en aquel país, que nos había costado producirla y que estaban destinadas a ese mercado, que siempre fue abastecido por nuestro país, sobre todo en los días difíciles, cuando ellos no podían recibir azúcar de ningún otro punto, la recibían de Cuba, y la vida les fue dulce, dulce, aun cuando el mundo se veía envuelto en las catástrofes y en las miserias y en las hambres de las guerras.

Ellos siempre tuvieron nuestro azúcar, azúcar que era nuestra, pero cuyos dividendos se los llevaban ellos mismos a través de las compañías que eran dueñas de los principales centrales, y además la pagaban a un precio inferior al mercado mundial en los años de guerra, cuando no tenían a quien comprarle azúcar, y nuestros obreros se sacrificaban, nuestros agricultores se sacrificaban para que ellos tuvieran azúcar, mucha azúcar; cuyos precios, al fin y al cabo, se los llevaban ellos.
Y nos arrebataron un millón de toneladas de nuestra cuota, cuando ya estaba producida, en un evidente propósito de rendirnos por hambre, de torcer el destino de nuestra patria mediante ese acto de agresión económica.  Y nosotros les advertimos claramente que las agresiones a Cuba y las cuotas que nos arrebataran, las pagarían central por central y propiedad por propiedad».

Pero la Casa Blanca no aceptó esta compensación para las personas naturales y jurídicas que entonces eran ciudadanos estadounidenses.

Aunque Estados Unidos reconoció el derecho a la expropiación, exigió su pago inmediato a pesar de que conocía del saqueo de las arcas de la nación por Batista y sus seguidores de la deuda pública de más de mil 300 millones de dólares que los ladrones se llevaron consigo.

Mientras Suiza, Francia, Gran Bretaña y España suscribieron acuerdos sobre compensaciones con nuestro país, Estados Unidos mantuvo sus reclamaciones a través de la fuerza.


Algunos de los acuerdos firmados por Cuba, respetando el derecho internacional

Convenio entre el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba y el Gobierno de la República Francesa, concerniente a la indemnización de los bienes, derechos e intereses franceses afectados por las leyes y medidas dictadas por el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba a partir del 1ro. de enero de 1959, firmado el 16 de marzo de 1967.

Acuerdo entre el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba y el Gobierno de la Confederación Suiza, concerniente a la indemnización de las leyes dictadas por el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba a partir del 1ro. de enero de 1959, firmado el 2 de marzo de 1967.

Canje de Notas, de fecha 18 de octubre de 1978, entre el Gobierno de la República de Cuba y el del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre compensación a nacionales británicos como resultado de la aplicación de las nacionalizaciones, expropiaciones y demás leyes similares y medidas dictadas por el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba desde el 1ro. de enero de 1959.

Convenio entre el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno del Canadá, relativo a la liquidación de reclamaciones canadienses, firmado el 7 de noviembre de 1980.
Convenio entre la República de Cuba y el Reino de España, sobre indemnización por los bienes españoles afectados por las leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba a partir del 1ro. de enero de 1959, firmado el 26 de enero de 1988.
 
Listado de empresas nacionalizadas en Cuba el 6 de agosto de 1960

1.-Compañía Cubana de Electricidad.
2.-Compañía Cubana de Teléfonos.
3.- Esso Standard Oil, S.A. División de Cu¬ba.
4.- Texas Company West Indian.
5.- Sinclair Cuba Oil Company, S.A.
6.- Central Cunagua, S.A.
7.- Compañía Azucarera Atlántica del Gol¬fo, S.A.
8.- Compañía Central Altagracia, S.A.
9.- Miranda Sugar States.
10.- Compañía Cubana, S.A.
11.- The Cuban American Sugar MilI.
12.- Cuban Trading Company.
13.- The New Tuinicú Sugar Com¬pa¬ny.
14.- The Francisco Sugar Company.
15.- Compañía Azucarera Céspedes.
16.- Manatí Sugar Company.
17.- Punta Alegre Sugar Sales Com¬pa¬ny.
18.- Baraguá Industrial Corporation of New York.
19.- Florida Industrial Corporation of New York.
20.- Macareño Industrial Corporation of New York.
21.- General Sugar States.
22.- Compañía Azucarera Vertientes Ca¬magüey de Cuba.
23.- Guantánamo Sugar Company.
24.- United Fruit Company.
25.- Compañía Azucarera Soledad S.A.
26.- Central Ermita, S.A.


Ese día se tomó la decisión de que cada uno de esos centrales azucareros —que habían sido propiedad de la Compañía Atlántica, de la United Fruit Com¬pany, y otras empresas norteamericanas—,¬ a partir de ese momento llevaran el nombre de una república de Nuestra América como muestra de nuestra unidad inquebrantable con los pueblos hermanos del continente.

59 años más tarde


Con el paso del tiempo, entre turbulencias, la historia no se ha olvidado, y el dolor que siente Estados Unidos ante tantos fracasos en su sabotaje permanente a nuestro país es tanto que recurrió a la activación de un nuevo título de una de las tantas leyes que intentan socavar nuestra independencia.

Las nacionalizaciones de 1960 todavía les sirven de pretexto, de ahí que, con la activación del título III de la Ley Helms Burton, se permita la reclamación en tribunales estadounidenses de las propiedades que los batistianos abandonaron en Cuba sin ser ciudadanos estadounidenses, así como aquellas cuya indemnización el gobierno estadounidense impidió negociar a las empresas de su país.

Cuba desde que se aprobó la Ley implementó su legislación antídoto: Ley 80, “de reafirmación de la soberanía y la dignidad cubanas” que declara “nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad” y ha ratificado a empresarios con inversiones en la Isla su total respaldo y la inaplicabilidad de cualquier decisión de tribunales norteamericanos en su territorio.

Así, los herederos batistianos, asentados cómodamente en el sur de la Florida, como títeres de una obra de teatro del absurdo siguen esperando que caiga en sus manos lo que por derecho no les pertenece.

Lo que no saben es que todavía gritamos y hasta perdemos la voz recordando emocionados a nuestro líder histórico cuando enunció:

«Y la Revolución Cubana que nació sin permiso de Washington —sépalo Washington—, que nació sin permiso de la OEA —sépalo la OEA—, seguirá viviendo, a pesar de Washington y a pesar de la OEA.  Seguirá viviendo, porque estamos decididos a que siga viviendo.  Seguirá viviendo, ¡porque los hijos de Cuba estamos dispuestos a morir para que la patria siga viviendo!   Y seguirá viviendo, seguirá viviendo, ¡porque contamos con la solidaridad de los trabajadores, los estudiantes, la juventud, de los intelectuales y los campesinos de América! Y seguirá viviendo, ¡porque contaremos con la solidaridad de todos los pueblos explotados del mundo!  Y seguirá viviendo, ¡porque contaremos con la solidaridad de todos los pueblos liberados del mundo! ».




 

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